Una reciente liquidación de Bitcoin (BTC) por parte del Servicio de Alguaciles de EE. UU. está generando escrutinio después de que registros judiciales indicaran que la venta podría haber entrado en conflicto con una orden ejecutiva vigente firmada por el presidente Donald Trump que regula cómo deben manejarse los activos digitales incautados.
Qué ocurrió
Según documentos judiciales relacionados con el caso Samourai Wallet, el Servicio de Alguaciles de EE. UU., actuando bajo la dirección del Departamento de Justicia, vendió aproximadamente 57,55 Bitcoin el 3 de noviembre de 2025 a través de Coinbase Prime.
Los Bitcoin, valorados en más de 6 millones de dólares en ese momento, habían sido incautados como parte de un acuerdo de liquidación de activos que involucraba a los desarrolladores de Samourai Wallet.
Los registros del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York muestran que los acusados Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill acordaron transferir Bitcoin por un valor aproximado de 6,37 millones de dólares al Servicio de Alguaciles de EE. UU.
El acuerdo autorizaba a la agencia a liquidar inmediatamente los activos utilizando la plataforma de criptomonedas de su elección, convirtiendo el producto en dólares estadounidenses después de comisiones.
Sin embargo, el momento y el método de la venta han generado preguntas porque parecen ir en contra de la Orden Ejecutiva 14233, firmada por Trump a principios de este año.
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La orden dispone que el Bitcoin obtenido mediante decomiso penal o civil sea retenido por el gobierno federal y asignado a la Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU., en lugar de venderse en el mercado abierto.
La aparente venta de los Bitcoin relacionados con Samourai sugiere que, al menos en este caso, el Servicio de Alguaciles procedió según las prácticas existentes de decomiso y liquidación, en lugar de seguir el nuevo mandato ejecutivo.
Por qué importa
Analistas señalan que la orden tenía por objeto formalizar el Bitcoin como un activo estratégico federal, limitando las ventas discrecionales que podrían afectar a los mercados o socavar la política de reservas a largo plazo.
Este episodio no es el primer punto de tensión en el caso Samourai Wallet.
Según informes, las acciones tomadas por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York en ocasiones se han desviado de las directrices federales más amplias, especialmente mientras Washington recalibra su postura sobre los activos digitales en medio de crecientes consideraciones geopolíticas y financieras.
Ni el Servicio de Alguaciles de EE. UU. ni el Departamento de Justicia han comentado públicamente si la transacción del 3 de noviembre cumplió con la Orden Ejecutiva 14233 o si se aplicaron excepciones.
Coinbase Prime, que facilitó la transacción, no ha comentado al respecto.
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