Fiscales surcoreanos investigan la pérdida de Bitcoin (BTC) incautado en un caso penal después de que un presunto ataque de phishing comprometiera la custodia estatal alrededor de mediados de 2025.
La Fiscalía del Distrito de Gwangju descubrió recientemente que había desaparecido una cantidad considerable de criptomonedas confiscadas durante el proceso de almacenamiento y gestión, según Yonhap News.
Una investigación interna apunta al phishing como la causa probable de la pérdida.
Qué ocurrió
Los fiscales se negaron a revelar el valor específico o la cantidad de bitcoin desaparecido, alegando que la investigación sigue en curso para determinar cómo los activos se esfumaron de la custodia estatal.
«Estamos llevando a cabo una investigación para rastrear las circunstancias y el paradero de los objetos incautados que se han perdido», dijo el jueves un fiscal a Yonhap News.
La fiscalía no pudo confirmar más detalles sobre el incidente.
La oficina de Gwangju ha manejado anteriormente casos de incautación de criptomonedas a gran escala que implicaban cantidades sustanciales de bitcoin.
En una investigación por juego ilegal en 2024, los fiscales intentaron confiscar 24.613 BTC —por un valor aproximado de 2.200 millones de dólares a precios actuales— a un operador que gestionaba sitios de apuestas basados en las fluctuaciones del precio de Bitcoin entre 2018 y 2021.
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Por qué es importante
La pérdida plantea interrogantes sobre los protocolos de custodia de los criptoactivos incautados, en un momento en que las autoridades surcoreanas refuerzan la aplicación de la ley contra delitos relacionados con criptomonedas.
El Tribunal Supremo de Corea del Sur estableció en 2018 la autoridad legal para incautar bitcoin mantenido en exchanges, al dictaminar que las criptomonedas constituyen activos intangibles con valor patrimonial sujetos a confiscación.
Una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2025 aclaró además que el bitcoin mantenido en exchanges centralizados como Upbit y Bithumb califica como propiedad embargable durante investigaciones penales.
El fallo surgió de un caso de 2020 en el que la policía confiscó 55,6 BTC durante una investigación por lavado de dinero.
El incidente pone de manifiesto vulnerabilidades en la forma en que los organismos de aplicación de la ley aseguran los activos digitales incautados, que requieren soluciones de custodia especializadas, a diferencia de la propiedad tradicional confiscada.
Las autoridades surcoreanas han intensificado recientemente la aplicación de la normativa sobre criptomonedas, y los fiscales han creado unidades especializadas en delitos cripto que manejan casos que implican miles de millones de won en activos incautados.
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