La Guardia di Finanza de Italia ha destapado una operación de evasión fiscal de 500.000 € vinculada a tenencias no declaradas de Bitcoin y Ethereum (ETH) y a una instalación oculta de minería de criptomonedas.
Seis personas en cuatro regiones italianas enfrentan liquidaciones fiscales, además de sanciones administrativas adicionales sobre el importe base adeudado.
El caso se originó con un único trader en Piacenza, cuyos ingresos de minería no declarados llamaron la atención de la Unidad Especializada en Análisis de Blockchain de Roma, lo que finalmente llevó a los investigadores a una red más amplia de monederos no declarados.
Qué sucedió
La Guardia di Finanza de Piacenza, en colaboración con el Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche de Roma, rastreó transacciones a través de seis monederos digitales utilizando software especializado de análisis de blockchain. Los investigadores confirmaron la titularidad de los monederos y vincularon estos a seis personas residentes en Emilia-Romaña, Lacio, Marcas y Sicilia.
Los agentes descubrieron un almacén de una empresa reconvertido en una operación completa de minería, que albergaba un equipo específicamente diseñado funcionando de forma continua y varias GPU de alto rendimiento.
Varios monederos digitales con activos de valor no revelado pero “significativo” fueron incautados en el acto.
Ninguna de las seis personas había declarado sus tenencias de criptomonedas en el extranjero, como exigen las normas italianas de supervisión fiscal. Las plusvalías procedentes de la venta de criptomonedas minadas —sujetas a impuesto sustitutivo según la legislación italiana— tampoco se habían declarado.
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Por qué es importante
El caso ilustra un patrón que las autoridades italianas están persiguiendo activamente: traders que tratan el registro público pero seudónimo de la cadena de bloques como un escudo frente a las obligaciones fiscales.
Esa suposición es cada vez menos cierta. La unidad especializada de Roma reconstruye de forma habitual historiales de transacciones y establece la titularidad jurídica con suficiente certeza como para abrir inspecciones fiscales formales.
Italia ha endurecido su marco fiscal sobre criptomonedas en los últimos años, obligando a los residentes a declarar los activos digitales mantenidos en el extranjero y gravando las plusvalías en consecuencia.
La Guardia di Finanza describió la operación como parte de un impulso más amplio contra la evasión fiscal en la economía digital, un sector que describió como de “perfiles de riesgo fiscal elevados” debido a su uso de instrumentos tecnológicamente avanzados.
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