El gobierno del Reino Unido avanza para endurecer las normas sobre donaciones políticas al introducir límites a la financiación desde el extranjero y prohibir temporalmente las contribuciones realizadas en criptomonedas, en una medida que, según las autoridades, está dirigida a reducir el riesgo de la influencia extranjera en las elecciones nacionales.
Según propuestas incluidas en un nuevo proyecto de ley electoral, las donaciones de ciudadanos británicos que viven en el extranjero se limitarán a 100.000 £ al año.
Se prevé que la legislación, que está sujeta a la aprobación parlamentaria, se aplique con carácter retroactivo debido a lo que los ministros describen como una amenaza urgente a la integridad del sistema electoral.
El secretario de Comunidades, Steve Reed, afirmó que los cambios están diseñados para cerrar posibles lagunas que podrían ser explotadas por actores externos. Indicó que el gobierno busca evitar cualquier ventana a corto plazo que pueda permitir injerencias en los procesos democráticos del Reino Unido.
El límite a las donaciones desde el extranjero apunta a los riesgos de influencia foránea
Es probable que el límite propuesto afecte a los partidos políticos que dependen de una financiación significativa de donantes radicados fuera del Reino Unido.
Entre los afectados se encuentra Reform UK, que en los últimos años ha recibido un importante apoyo financiero de contribuyentes en el extranjero, incluidas donaciones de alto valor procedentes de personas radicadas en jurisdicciones como Tailandia y Mónaco.
Funcionarios del gobierno sostienen que rastrear el origen de los fondos provenientes del extranjero es intrínsecamente más complejo que supervisar las donaciones nacionales, lo que aumenta el riesgo de flujos financieros ilícitos u opacos hacia la política.
También se han planteado preocupaciones sobre la equidad, ya que los donantes en el extranjero pueden no estar sujetos a las mismas obligaciones fiscales que los residentes del Reino Unido y, aun así, ser capaces de ejercer influencia financiera.
La prohibición temporal de cripto refleja vacíos regulatorios
Junto con el límite a la financiación, el gobierno planea introducir una prohibición temporal de las donaciones políticas realizadas con criptomonedas.
La medida refleja la preocupación de que los activos digitales puedan utilizarse para ocultar el origen de los fondos y facilitar contribuciones desde el extranjero.
La recomendación se desprende de una revisión dirigida por el ex alto funcionario Philip Rycroft, quien advirtió que los mecanismos de supervisión actuales podrían no ser suficientes para abordar los riesgos emergentes vinculados a las donaciones basadas en criptomonedas.
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Rycroft sugirió que, si bien puede no ser necesaria una prohibición permanente, una pausa temporal daría a los reguladores tiempo para desarrollar marcos de supervisión más sólidos.
La restricción propuesta se aplicaría a todos los niveles de donación y permanecería en vigor hasta que las autoridades estén seguras de que las salvaguardias son eficaces.
Reformas más amplias buscan fortalecer la transparencia electoral
Las medidas forman parte de un conjunto más amplio de recomendaciones destinadas a modernizar la supervisión de la financiación política en el Reino Unido.
Estas incluyen una verificación más estricta de la identidad de los donantes, mayores requisitos de divulgación para los actores de campaña y normas más rigurosas para impedir el uso de sociedades pantalla para canalizar fondos.
Propuestas adicionales reclaman que los lobistas extranjeros queden sujetos a los requisitos de registro existentes y que se prohíba la publicidad política financiada desde el extranjero.
También se sugieren umbrales más bajos para la declaración de donaciones, lo que actualmente permite que las contribuciones de menor cuantía permanezcan sin ser reveladas.
La revisión destacó riesgos geopolíticos más amplios, citando el potencial de influencia de países como Rusia, China e Irán, así como preocupaciones sobre la participación financiera de actores en naciones aliadas.
El gobierno encargó la revisión tras la condena del ex político de Reform UK Nathan Gill en un caso que involucraba pagos vinculados a fuentes extranjeras, lo que intensificó el escrutinio sobre las vulnerabilidades del sistema de financiación política británico.
Aunque la legislación aún está sujeta a debate, los cambios propuestos señalan un giro hacia controles más estrictos sobre cómo entra el dinero en la política británica, en particular en ámbitos donde la supervisión ha quedado rezagada frente a la evolución de las tecnologías financieras.
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