Ripple instó a la SEC en una carta del 9 de enero a establecer una distinción legal clara entre las ofertas de valores y los tokens subyacentes en los mercados secundarios, un marco que afectaría directamente cómo se regula XRP tras la prolongada batalla legal de la empresa con la agencia.
Qué pasó: Impulso para la clasificación de tokens
La carta, firmada por el director jurídico (Chief Legal Officer) Stuart Alderoty, el asesor general (General Counsel) Sameer Dhond y la asesora general adjunta (Deputy General Counsel) Deborah McCrimmon, fue dirigida al Crypto Task Force de la SEC como parte de los debates regulatorios en curso.
Ripple argumentó que los reguladores deberían abandonar la «descentralización» como criterio jurídico porque crea una «incertidumbre intolerable» con resultados tanto de «falsos negativos» como de «falsos positivos».
La empresa hizo referencia a presentaciones anteriores del 21 de marzo de 2025 y del 27 de mayo de 2025, junto con la CLARITY Act of 2025 de la Cámara de Representantes y los borradores de discusión del Senado.
Ripple sostiene que las decisiones de clasificación darán forma directamente a «la jurisdicción, las divulgaciones y el tratamiento en el mercado secundario».
El pasaje más importante sostiene que la jurisdicción de la SEC debería estar «limitada en el tiempo a la vida útil de la obligación», en lugar de tratar los tokens como valores etiquetados de forma permanente: «La jurisdicción de la Comisión debería seguir la vida útil de la obligación; regulando la “promesa” mientras exista, pero liberando el “activo” una vez que esa promesa se cumpla o termine de otro modo».
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Por qué importa: Plazo legislativo
La carta llegó menos de una semana antes de una revisión del 15 de enero sobre una legislación integral de estructura del mercado de criptoactivos en el Comité Bancario del Senado de EE. UU..
Ripple aún mantiene una parte sustancial de todos los XRP en depósito en garantía, mientras que su brazo desarrollador, RippleX, sigue contribuyendo al XRP Ledger.
La empresa rechazó explícitamente la idea de que la negociación activa en mercados secundarios deba servir como base jurisdiccional, comparando los mercados de criptomonedas con los mercados al contado de materias primas como oro y plata.
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