El gabinete de Japón aprobó el 10 de abril un proyecto de ley que clasifica las criptomonedas como instrumentos financieros según la enmienda de la Ley de Instrumentos Financieros y de Intercambio, que somete los activos digitales al mismo marco regulatorio que las acciones y los bonos.
Reclasificación cripto de Japón
La legislación marca un cambio formal respecto al enfoque anterior del país. La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) había regulado previamente los criptoactivos bajo la Ley de Servicios de Pago, tratándolos principalmente como un medio de pago.
Con las nuevas normas, se prohíbe ahora el uso de información privilegiada basada en datos no divulgados para criptoactivos. Los emisores de criptomonedas también afrontarán requisitos de divulgación anual destinados a mejorar la transparencia del mercado.
Las sanciones por infracciones han aumentado notablemente. La pena máxima de prisión para los vendedores no registrados pasa de tres a diez años, mientras que las multas aumentan de 3 millones de yenes a 10 millones de yenes.
La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, declaró en una rueda de prensa tras la reunión del gabinete que el gobierno «ampliará la oferta de capital de crecimiento» garantizando al mismo tiempo «la equidad del mercado, la transparencia y la protección de los inversores».
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La visión más amplia de Katayama
El proyecto de ley encaja en una reforma más amplia que Katayama anunció hace meses. En enero declaró 2026 como el «Año Digital Uno» y destacó el papel de los intercambios y la infraestructura de mercado para ayudar a los ciudadanos a beneficiarse de los activos basados en blockchain.
En diciembre, el gobierno respaldó planes para reducir el tipo máximo del impuesto sobre criptomonedas en Japón, desde un máximo del 55% hasta una tasa fija del 20%, alineando la fiscalidad de los activos digitales con la de las acciones. Japón también está estudiando la legalización de fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas para 2028.
La senda regulatoria de la FSA
El impulso de la FSA para someter los activos digitales a una supervisión equivalente a la de valores se ha venido gestando desde finales de 2025. La agencia propuso reclasificar 105 criptomonedas —incluidas Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH)— como productos financieros, extendiendo las obligaciones de divulgación y las protecciones al consumidor al sector.
Los titulares de cuentas cripto en Japón superan ahora los 13 millones, aproximadamente uno de cada diez residentes. La FSA recibe más de 350 consultas de consumidores al mes relacionadas con fraudes con criptomonedas, un volumen que los reguladores citaron como justificación para unas normas más estrictas.
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