La Asamblea de California ha aprobado por unanimidad el Proyecto de Ley 1180 (AB 1180), una pieza legislativa pionera que tiene como objetivo integrar los activos digitales en los sistemas de pago del estado. El proyecto autoriza un programa piloto para aceptar pagos con activos digitales para tarifas estatales, posicionando a California a la vanguardia de la innovación en criptomonedas dentro de las operaciones financieras gubernamentales.
AB 1180 fue aprobado por una votación decisiva de 68-0 en la Asamblea de California, señalando un fuerte apoyo bipartidista para el papel de las criptomonedas en las operaciones del estado. El proyecto ahora se dirige al Senado de California para una revisión adicional, donde enfrentará escrutinio antes de posiblemente ser firmado como ley por el Gobernador Gavin Newsom.
El proyecto está encabezado por el asambleísta Avelino Valencia, un demócrata que ha sido un defensor vocal de aprovechar los activos financieros digitales para las transacciones estatales. En sus comentarios en el piso de la Asamblea, Valencia describió el AB 1180 como una iniciativa “única en su tipo” que tiene como objetivo demostrar cómo las criptomonedas podrían integrarse sin problemas en la infraestructura de pagos públicos de California.
“Este proyecto establecería un programa piloto que permitirá el pago de tarifas estatales utilizando activos financieros digitales, brindándonos la oportunidad de explorar la integración de la tecnología blockchain en las operaciones gubernamentales,” declaró Valencia durante la presentación.
Los Detalles del AB 1180: Un Programa Piloto para Pagos con Criptomonedas
El AB 1180 está diseñado para implementar un programa piloto que permitiría a las empresas principalmente dedicadas a actividades con criptomonedas realizar pagos para tarifas estatales utilizando activos digitales. El Departamento de Protección e Innovación Financiera (DFPI) será responsable de crear regulaciones que permitan estas transacciones bajo el marco de la Ley de Activos Financieros Digitales (DFAL).
La legislación no abre de inmediato la puerta para que todos los pagos estatales se realicen mediante activos digitales, sino que se centra en un grupo más pequeño y controlado de pagadores regulados. Este alcance limitado está destinado a probar la viabilidad y abordar cualquier problema técnico que pueda surgir al integrar activos digitales en los sistemas financieros del estado.
Un elemento clave del proyecto es su requisito para que el DFPI presente un informe completo antes del 1 de enero de 2028, el cual evaluará el progreso del programa piloto. El informe cubrirá una variedad de temas, incluidas las dificultades técnicas enfrentadas, el volumen de transacciones con criptomonedas, y recomendaciones para expandir el uso de activos digitales en otras agencias estatales.
En cuanto a la duración, el AB 1180 está programado para finalizar el 1 de julio de 2031, momento en el cual se evaluará la efectividad del programa y se considerarán posibles extensiones o revisiones basadas en sus resultados.
El Creciente Papel de California en la Adopción de Criptomonedas
El AB 1180 coloca a California a la vanguardia de la adopción de criptomonedas en las operaciones gubernamentales, lo que podría servir de modelo para otros estados que buscan integrar activos digitales en sus propios sistemas financieros. Este movimiento sigue los pasos de otros estados de EE.UU., como Florida, Colorado, Luisiana y Utah, que ya han implementado o están en proceso de aceptar pagos con criptomonedas para ciertos servicios estatales.
Sin embargo, lo que diferencia a California no solo es su tamaño e influencia, sino también el creciente compromiso institucional del estado con los activos digitales. Los fondos de pensiones públicos de California, incluidos CalSTRS y CalPERS, tienen una participación de $276 millones en MicroStrategy (MSTR), una compañía conocida por su significativa inversión en Bitcoin. Además, California es el mayor inversor en acciones de MicroStrategy, lo que subraya el compromiso financiero más amplio del estado con el creciente espacio de las criptomonedas.
Este creciente involucramiento institucional resalta el reconocimiento de California de las criptomonedas como una herramienta financiera legítima, legitimando aún más la idea de usar activos digitales en procesos gubernamentales.
Un Cambio en los Sistemas de Pago
El AB 1180 es único ya que se centra en crear un programa piloto que permitirá al estado evaluar la viabilidad y los riesgos asociados con los pagos en criptomonedas. Al comenzar con un grupo limitado de pagadores, el proyecto asegura que los desafíos técnicos y preocupaciones regulatorias puedan ser abordados antes de que el estado expanda el uso de criptomonedas en sus sistemas financieros.
El proyecto representa un enfoque cauteloso pero con visión de futuro para integrar la criptomoneda en la infraestructura de pagos del estado. Según los partidarios, ofrece al estado la oportunidad de probar los pagos con activos digitales a pequeña escala, dando tiempo para evaluar si dichos pagos son prácticos y sostenibles a largo plazo.
Dada la volatilidad de los mercados de activos digitales, existen preocupaciones sobre la estabilidad del uso de criptomonedas para transacciones estatales. Sin embargo, el enfoque por fases del proyecto permite al estado entender las implicaciones operativas y de seguridad de dicha transición mientras limita la posible exposición a las fluctuaciones del mercado.
Consideraciones Regulatorias e Impacto a Largo Plazo
La aprobación del AB 1180 se produce en medio de discusiones regulatorias más amplias sobre criptomonedas en los EE.UU. Con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los reguladores estadounidenses como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) brindando guías cada vez más claras sobre regulaciones de activos digitales, la adopción de pagos basados en criptomonedas por parte de California podría servir como un caso de prueba para futuras regulaciones a nivel estatal en los EE.UU.
El mandato del proyecto para que el DFPI presente un informe detallado en 2028 es crucial para determinar cómo los marcos regulatorios pueden evolucionar para acomodar tecnologías emergentes. Esto podría incluir explorar cómo la infraestructura del estado puede manejar pagos basados en blockchain de manera segura, asegurando que el fraude, lavado de dinero y otras actividades criminales sean efectivamente mitigados.
Además, el programa piloto podría proporcionar información valiosa para futuras legislaciones nacionales sobre pagos con criptomonedas. El éxito o fracaso del AB 1180 podría influir en los legisladores de otros estados, guiando sus propios marcos regulatorios en torno a la adopción de pagos con activos digitales.
Beneficios y Desafíos para California
Los beneficios de integrar pagos con criptomonedas en el sistema estatal de California podrían ser significativos. Mayor eficiencia en el procesamiento de pagos, menores tarifas de transacción**, y la capacidad de rastrear y auditar transacciones en la blockchain son solo algunas de las ventajas potenciales. Además, el estado podría posicionarse como líder en innovación financiera digital, atrayendo potencialmente nuevos negocios e inversiones a la región.
Sin embargo, quedan desafíos. La volatilidad de las criptomonedas podría presentar riesgos, particularmente si el valor de los activos digitales fluctúa significativamente durante el proceso de transacción. El panorama regulatorio sigue siendo opaco, y se necesitará más claridad para asegurar que los pagos con criptomonedas se alineen con las leyes y regulaciones financieras estatales.
La aprobación del AB 1180 marca un momento crucial en el enfoque de California hacia la integración de criptomonedas. Al lanzar un programa piloto para pagos con criptomonedas, el estado está tomando pasos significativos hacia la adopción de la tecnología blockchain dentro de su sector público. El éxito de esta iniciativa podría sentar un precedente para otros estados en los EE.UU., remodelando potencialmente cómo los gobiernos manejan los pagos digitales en el futuro.
A medida que el proyecto avanza por el Senado de California, su futuro dependerá del apoyo continuo de legisladores, reguladores y el público. Sin embargo, el creciente compromiso de California con las criptomonedas, respaldado por la inversión institucional y la innovación legislativa, señala un futuro prometedor para el papel del estado en la economía de activos digitales.