Un año después de la entrada en vigor de la Ley GENIUS, los stablecoins han ganado legitimidad como red de pagos para empresas, pero los directivos del sector advierten de que la siguiente fase dependerá de si los reguladores son capaces de traducir las normas de emisión en una infraestructura bancaria y de liquidación operativa y escalable. Más detalles en infraestructura bancaria y de liquidación.
La ley, firmada el 18 de julio de 2025, instauró el primer marco regulatorio federal para los stablecoins de pago en dólares. Exige una cobertura del 100% con reservas en activos como dólares estadounidenses o deuda pública a corto plazo, la publicación mensual de los informes de reservas y el cumplimiento estricto de las normas contra el blanqueo de capitales y de los regímenes de sanciones.
El auge de los stablecoins refuerza la confianza empresarial
Desde entonces, el mercado se ha disparado.
La Digital Chamber estima que el mercado global de stablecoins alcanzó los 315.000 millones de dólares en 2026, frente a los 206.000 millones a comienzos de 2025, mientras que el volumen anual de transacciones globales se acercó a los 35 billones de dólares en 2025. Según la misma entidad, los pagos “del mundo real” con stablecoins se duplicaron en un año hasta los 390.000 millones.
Para las compañías de pagos, el cambio clave ha sido la confianza.
«Con el primer aniversario de la Ley GENIUS, ahora es evidente que ha impulsado un cambio importante y positivo en la adopción de stablecoins, especialmente entre empresas», señaló a Yellow.com Eric Barbier, consejero delegado de Triple-A.
Antes de la ley, explicó, la incertidumbre sobre el estatus jurídico y regulatorio de los stablecoins en Estados Unidos generaba dudas entre las compañías, en especial entre los grandes grupos, donde la adopción de nuevos métodos de pago requiere el visto bueno coordinado de los departamentos financiero, jurídico, de cumplimiento y de banca.
«Un año después, la Ley no solo ha aportado claridad regulatoria, sino que además ha llevado a los stablecoins al mainstream», afirmó Barbier.
Triple-A, una institución global de pagos especializada en soluciones basadas en stablecoins, ha detectado un repunte de la demanda por parte de empresas que ya estudian seriamente incorporar estos activos o se encuentran en pleno proceso de adoptarlos como medio de pago.
El cambio más tangible dentro del propio negocio de Triple-A, añadió, ha sido una «clara reducción» de los ciclos de venta con grandes corporaciones que incorporan pagos con stablecoins a través de su plataforma.
«Al contar ahora con un marco tan definido, los stablecoins se están consolidando rápidamente como un carril de pago adicional y fiable, especialmente para el comercio transfronterizo», apuntó Barbier.
La claridad sobre la emisión no basta
El aniversario también pone de relieve los límites de lo que la Ley GENIUS ha resuelto.
Para las compañías de pagos internacionales, la norma aclaró quién puede emitir stablecoins de pago y bajo qué requisitos de reservas. Pero no fijó de forma completa cómo deben circular esos stablecoins dentro del sistema bancario ni quién asume la responsabilidad cuando interactúan bancos regulados, proveedores de pagos y firmas de criptoactivos.
«Esta semana se cumple un año de la firma de la Ley GENIUS, y el aniversario es un buen punto de control para evaluar cuánto ha avanzado el sector y qué falta por hacer», indica Diogo Cassinelli, responsable de ventas y alianzas en Trace Finance.
«La emisión de stablecoins por fin cuenta con un marco federal, lo que es un hito extraordinario», añadió. «Pero para los operadores que hacen pagos y liquidaciones transfronterizas, la claridad en la emisión solo resolvía la mitad del problema».
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) también ha advertido de que los stablecoins siguen representando una fracción mínima de los pagos transfronterizos globales. Calcula que los pagos internacionales alcanzaron unos 200 billones de dólares en 2024, mientras que los pagos transfronterizos con stablecoins se sitúan, según algunas estimaciones, por debajo del 0,2% del total en 2025.
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Cassinelli sostiene que la pieza que falta es un estándar jurídico compartido en el que los bancos puedan apoyarse al trabajar con compañías de pagos en stablecoins.
«En pagos transfronterizos, cada nueva relación bancaria exige convencer a esa entidad, una por una, de que lo que haces cumple la normativa, porque no existe un estándar legal común al que puedan remitirse», explicó.
Ese proceso alarga en meses procesos que deberían resolverse en semanas, añadió, y el coste se repite cada vez que una empresa entra en un nuevo mercado o incorpora un nuevo socio bancario.
Para Cassinelli, ahí es donde la Ley CLARITY podría resultar decisiva.
«Si se aprueba CLARITY, el desbloqueo principal será la velocidad», afirmó. «Un marco definitivo permitirá a bancos y proveedores de pagos decir que sí más rápido, porque la cuestión de cumplimiento ya estará resuelta a nivel federal, en lugar de que cada institución tenga que hacer su propio análisis de riesgo».
Añadió que CLARITY daría a las grandes instituciones una vía clara para mover dinero mediante stablecoins, al tiempo que ofrecería a las startups un mapa más definido para construir soluciones para esos actores.
El reglamento sigue sin completarse
Este primer año también ha evidenciado la brecha entre el impulso legislativo y la ejecución regulatoria.
«Un año después, la Ley GENIUS ha funcionado claramente como una señal de legitimación», indicó Alex Witt, socio general en Verda Ventures.
Witt apunta al aumento de la capitalización de los stablecoins por encima de los 300.000 millones de dólares, a un volumen de transacciones que prácticamente se ha cuadruplicado, a la entrada de actores institucionales como Fidelity y Ripple (XRP) con licencias específicas, y a la “nacionalización” de Tether (USDT) a través de su lanzamiento de USA₮ junto a Anchorage.
Sin embargo, subraya que la aplicación de la ley no ha ido al ritmo del mercado.
«La ejecución regulatoria va muy por detrás: seis agencias debían haber finalizado su normativa antes del 18 de julio de 2026 y, a día de hoy, ninguna regla es definitiva, lo que deja al mercado operando con esquemas de divulgación heredados, mientras que las decisiones sobre licencias y acceso a la Reserva Federal están eligiendo ganadores en silencio, antes de que exista el reglamento completo», criticó.
La normativa será la próxima gran prueba para los stablecoins
El frente regulatorio sigue muy activo. La OCC ha publicado una propuesta de norma que aborda la gestión de reservas, los procesos de reembolso, los requisitos de capital, custodia y cumplimiento para los emisores autorizados de stablecoins de pago. En ese documento también cita previsiones del sector privado que apuntan a una emisión agregada de stablecoins de 500.000 millones de dólares en 2026.
La Reserva Federal, por su parte, seguía ultimando una propuesta de reglas sobre stablecoins para someterla a consulta pública pocos días antes del plazo de aniversario, según avanzó Barron’s.
Witt advierte de que aún quedan asuntos críticos por resolver, como la prohibición de ofrecer rendimiento sobre los saldos y la fecha de activación del mecanismo de respaldo prevista para enero de 2027.
«La verdadera prueba de la Ley llegará en los próximos seis meses, no en el año que dejamos atrás», remachó.
El primer año de la Ley GENIUS ha otorgado legitimidad jurídica a los stablecoins y ha acercado a las grandes empresas a su adopción. El segundo año mostrará si esa legitimidad puede traducirse en una infraestructura de pagos robusta y fiable.
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