La Ley CLARITY afronta el 15 de septiembre una votación procesal en el Senado que exige 60 votos, mientras fiscales generales estatales y grupos de política pública presionan a los legisladores para que rechacen el proyecto que define la estructura del mercado cripto.
Puntos clave:
- La Ley CLARITY necesita 60 votos en el Senado para superar el trámite procesal.
- Un grupo bipartidista de 18 fiscales generales pide al Congreso rechazar el proyecto.
- El PPI sostiene que las últimas enmiendas aún dejan lagunas en materia de lavado de dinero y salvaguardias éticas.
Votación de la Ley CLARITY
La votación en el Senado definirá si la iniciativa supera un escollo procesal clave, dado que los republicanos necesitan apoyo demócrata para alcanzar el umbral de 60 votos. Un resultado favorable no enviaría la ley directamente al presidente, sino que la habilitaría para seguir avanzando en el Senado.
Los republicanos modificaron el texto antes de la votación, incorporando normas éticas más estrictas, mayores facultades de ejecución para los fiscales generales estatales y un mecanismo temporal para responder a las preocupaciones sobre la competencia entre las stablecoins y los depósitos bancarios. Estos ajustes mejoraron sus perspectivas, pero no desactivaron la oposición.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, encabezó el 14 de septiembre una coalición bipartidista de otros 17 fiscales generales contra la ley. “Tal como está redactada, la Ley Clarity daría alas a los estafadores y podría despojar a los fiscales generales de nuestra capacidad para proteger a los inversores de nuestros estados y sus bolsillos”, afirmó James. “Junto con mis colegas fiscales generales, insto al Congreso a no aprobar la Ley Clarity”.
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Oposición del PPI
El Progressive Policy Institute (PPI) también pidió a los senadores votar en contra de la iniciativa, al sostener que las últimas enmiendas republicanas no resuelven las dudas sobre riesgos de lavado de dinero, conflictos éticos y las implicaciones de las stablecoins. Paul Weinstein Jr., senior fellow del PPI, afirmó que el proyecto sigue sin las salvaguardias necesarias para combatir la actividad ilícita y la corrupción.
“El PPI anima a los senadores a votar en contra de la Ley CLARITY en su forma actual y a trabajar en una legislación que realmente ofrezca las salvaguardias necesarias para crear un sector de stablecoins sólido”, señaló el centro de estudios.
En un análisis separado, el PPI añadió que el texto “sigue sin ofrecer salvaguardias sólidas contra el lavado de dinero y en materia de ética” necesarias para frenar la actividad ilícita y la corrupción. Ese dictamen pesa especialmente porque los republicanos dependen de votos demócratas para alcanzar el umbral procesal de 60 votos.
Si el proyecto consigue los 60 votos, pasará a un debate y tramitación adicionales en el Senado antes de cualquier aprobación definitiva. Si fracasa, la medida no quedará automáticamente enterrada, pero sí sufrirá un nuevo retraso, abriendo la puerta a que los legisladores intenten nuevas revisiones en busca de un consenso bipartidista viable.
La Ley CLARITY acumula aplazamientos desde que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto H.R. 3633 por 294-134 el 17 de julio de 2025. La versión del Senado ha cambiado sustancialmente desde entonces, por lo que, incluso si avanza, el Congreso deberá conciliar las diferencias entre ambas cámaras antes de que la norma pueda llegar al despacho presidencial.
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