La Ley CLARITY afronta el 15 de septiembre una prueba procedimental en el Senado que exige 60 votos, mientras fiscales generales estatales y grupos de política pública intensifican la presión para que el Congreso rechace el proyecto de ley sobre la estructura del mercado cripto.
Puntos clave:
- La Ley CLARITY necesita 60 votos en el Senado para superar el trámite procedimental.
- Un grupo bipartidista de 18 fiscales generales reclama al Congreso que tumbe la iniciativa.
- El PPI sostiene que las últimas enmiendas aún dejan lagunas en materia de blanqueo de capitales y salvaguardas éticas.
Votación sobre la Ley CLARITY
La votación en el Senado definirá si el texto puede superar un trámite procesal clave, con los republicanos necesitados del apoyo demócrata para alcanzar el umbral de 60 votos. Un resultado favorable permitiría que la medida avanzara en la Cámara Alta, pero no la enviaría directamente al presidente.
Los republicanos han revisado el proyecto antes de la votación, incorporando normas éticas más estrictas, nuevas facultades de ejecución para las fiscalías generales estatales y un mecanismo temporal para responder a las inquietudes sobre la competencia de las stablecoins con los depósitos bancarios. Estos cambios han mejorado sus perspectivas, aunque no han desactivado la oposición.
Letitia James, fiscal general del estado de Nueva York, encabezó una coalición bipartidista de otros 17 fiscales generales que se posicionó contra la ley el 14 de septiembre. «Tal y como está redactada, la Ley CLARITY daría alas a los estafadores y podría despojar a los fiscales generales de nuestra autoridad para proteger a los inversores de nuestros estados y sus bolsillos», afirmó James. «Junto a mis colegas fiscales generales, insto al Congreso a no aprobar la Ley CLARITY».
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Oposición del PPI
El Progressive Policy Institute (PPI) también ha llamado a los senadores a votar en contra del proyecto, alegando que las últimas enmiendas republicanas no resuelven las dudas sobre blanqueo de capitales, conflictos éticos y riesgos asociados a las stablecoins. Paul Weinstein Jr., investigador sénior del PPI, sostuvo que el texto sigue sin incorporar las salvaguardas necesarias para combatir la actividad ilícita y la corrupción.
«El PPI anima a los senadores a votar contra la Ley CLARITY en su redacción actual y a trabajar en una normativa que realmente aporte las garantías necesarias para desarrollar un sector de stablecoins sólido», señaló la organización.
En una nota separada, el PPI subrayó que el proyecto «sigue sin ofrecer un marco sólido de salvaguardas contra el blanqueo de capitales y en materia de ética» para hacer frente a la actividad ilícita y la corrupción. Ese reproche es significativo, dado que los republicanos necesitan votos demócratas para superar el listón procedimental de 60 apoyos.
Si el proyecto alcanza los 60 votos, pasará a una nueva fase de debate y tramitación en el Senado antes de cualquier votación definitiva. Un fracaso no lo enterraría de forma automática, pero sí implicaría un nuevo retraso y obligaría a los legisladores a valorar si más cambios podrían alumbrar una vía bipartidista viable.
La Ley CLARITY acumula retrasos desde que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto H.R. 3633 por 294 votos a favor y 134 en contra el 17 de julio de 2025. Desde entonces, la versión del Senado ha cambiado de forma sustancial, por lo que, incluso si avanza, los legisladores deberán reconciliar las diferencias entre ambas cámaras antes de que el texto pueda llegar al despacho presidencial.
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