La Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva que impondría penalidades monetarias a los bancos por abandonar a clientes de criptomonedas o involucrarse en cierres de cuentas motivados políticamente. La orden dirige a los reguladores bancarios federales a investigar posibles violaciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, leyes antimonopolio y estatutos de protección financiera al consumidor por parte de instituciones financieras que niegan servicio a empresas de activos digitales y a sus clientes.
Lo que debes saber:
- La orden ejecutiva amenaza con multas, decretos por consentimiento y otras medidas disciplinarias contra los bancos que se encuentren discriminando a clientes de criptomonedas.
- Los reguladores bancarios bajo Trump ya han eliminado las evaluaciones de "riesgo reputacional" que anteriormente permitían a los bancos rechazar cuentas relacionadas con criptomonedas.
- Varios ejecutivos y empresas destacadas de criptomonedas, incluido el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, han reportado ser desbancarizados por grandes instituciones financieras.
Resistencia de la industria bancaria y cambios regulatorios
Las instituciones financieras han defendido sus decisiones de cerrar cuentas relacionadas con criptomonedas citando riesgos legales, regulatorios y financieros. Los bancos señalan los requisitos de cumplimiento contra el lavado de dinero como justificación para sus políticas restrictivas hacia los negocios de activos digitales. Estas regulaciones proporcionan a los bancos un amplio poder discrecional sobre las relaciones con los clientes y las decisiones de gestión de activos.
Bank of America respondió al desarrollo a través de un portavoz que declaró que la institución ha "proporcionado propuestas detalladas y continuará trabajando con la administración y el Congreso para mejorar el marco regulatorio." La respuesta refleja el intento de la industria bancaria de mantener flexibilidad operativa mientras abordan preocupaciones regulatorias.
La orden ejecutiva propuesta representa un cambio dramático respecto a las políticas de la administración Biden. Bajo lo que los críticos etiquetaron como "Operación Chokepoint 2.0," la supervisión bancaria durante la administración anterior fue vista como hostil a los negocios de criptomonedas. Los reguladores bancarios de Trump ya han comenzado a revertir estas políticas eliminando las evaluaciones de riesgo reputacional que los defensores del cripto argumentaron que se usaban para justificar prácticas discriminatorias.
Surge un patrón de cierres de cuentas
JPMorgan Chase informó al CEO de Coinbase, Brian Armstrong, en diciembre de 2023, que el banco terminaría las cuentas de individuos cuya fuente principal de ingresos derivara de actividades de criptomonedas. La decisión afectó no solo a Armstrong sino potencialmente a miles de participantes de la industria cripto que dependían de servicios bancarios tradicionales.
Sam Kazemian, fundador de Frax Finance, reportó un trato similar de JPMorgan.
El banco supuestamente le dijo que cerrarían cuentas de cualquiera cuya fuente principal de ingresos o riqueza estuviera relacionada con criptomonedas. Esta política efectivamente creó una exclusión categórica para los profesionales de la industria cripto.
Otras figuras prominentes reportaron experiencias similares. El CEO de Custodia Bank, Caitlin Long, el cofundador de Gemini, Tyler Winklevoss, y Charlie Shrem de la Fundación Bitcoin afirmaron haber sido sometidos a cierres de cuentas sin una justificación clara más allá de sus conexiones con criptomonedas.
Elon Musk amplificó estas preocupaciones en noviembre de 2024 al publicar evidencia de que 30 fundadores de empresas tecnológicas habían sido desbancarizados durante la administración Biden. Su divulgación atrajo más atención a lo que los defensores del cripto describieron como una discriminación sistemática contra los negocios de activos digitales y sus ejecutivos.
Resistencia de la industria financiera a los activos digitales
Las instituciones bancarias tradicionales han mantenido históricamente relaciones adversas con activos digitales descentralizados y empresas de criptomonedas. Los bancos generan ingresos principalmente a través de préstamos de depósitos de clientes y mantienen el control sobre las transacciones financieras. Las capacidades de transacción entre pares de las criptomonedas y la menor dependencia de intermediarios financieros tradicionales desafían directamente este modelo de negocio.
La resistencia del sector bancario proviene tanto de preocupaciones competitivas como regulatorias. Las transacciones de criptomonedas pueden eludir la infraestructura bancaria tradicional, reduciendo potencialmente los ingresos por comisiones y limitando la supervisión de los bancos sobre las actividades financieras de los clientes. Además, la incertidumbre regulatoria en torno a los activos digitales ha hecho que muchas instituciones sean cautelosas al prestar servicios a negocios relacionados con criptomonedas.
Sin embargo, las actitudes parecen estar cambiando a medida que los bancos reconocen oportunidades de ganancias en ciertos sectores de activos digitales. Las operaciones de stablecoins, que a menudo requieren asociaciones bancarias tradicionales para el respaldo de moneda fiduciaria, han atraído un interés institucional creciente. Este compromiso selectivo sugiere que los bancos están calentándose a aplicaciones de criptomonedas que complementan en lugar de competir con los servicios bancarios tradicionales.
Comprendiendo términos financieros clave
La Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíbe a los acreedores discriminar a los solicitantes en función de características protegidas, incluida la afiliación política en ciertos contextos. Las leyes antimonopolio evitan que las empresas se involucren en prácticas anticompetitivas que podrían dañar la competencia del mercado. Las leyes de protección financiera al consumidor establecen estándares para el trato justo de los clientes bancarios y proporcionan mecanismos de aplicación para las violaciones.
El cumplimiento contra el lavado de dinero requiere que los bancos monitoreen las transacciones en busca de actividades sospechosas e informen sobre posibles comportamientos criminales a las autoridades federales.
Estos requisitos otorgan a los bancos un amplio poder discrecional para negar servicios a clientes que consideren de alto riesgo. Los decretos por consentimiento son acuerdos legales entre reguladores e instituciones que establecen requisitos de cumplimiento específicos y procedimientos de supervisión.
Las evaluaciones de riesgo reputacional permitían a los bancos considerar posibles consecuencias de relaciones públicas al tomar decisiones de aceptación de clientes. Los críticos argumentaron que estas evaluaciones se utilizaban para justificar cierres de cuentas motivados políticamente sin justificación regulatoria clara.
Contexto internacional y desarrollos relacionados
El Reino Unido prohibió recientemente una campaña publicitaria de Coinbase que criticaba el sistema financiero tradicional. Esta acción demuestra que las tensiones regulatorias de las criptomonedas se extienden más allá de las fronteras de EE. UU. e involucran cuestiones fundamentales sobre la crítica al sistema financiero y la competencia del mercado.
La decisión del Reino Unido de restringir la publicidad de Coinbase destaca la naturaleza global de los debates sobre la regulación de criptomonedas y la protección bancaria tradicional. La coordinación regulatoria internacional sobre políticas de activos digitales sigue siendo limitada, creando oportunidades para el arbitraje regulatorio y la competencia jurisdiccional.
Reflexiones finales
La orden ejecutiva de la administración Trump representa una inversión significativa de políticas destinada a proteger a las empresas de criptomonedas de la presunta discriminación bancaria. La medida podría remodelar las relaciones entre las instituciones financieras tradicionales y la industria de los activos digitales, estableciendo nuevos precedentes para la intervención federal en las prácticas de selección de clientes bancarios.